jueves, 2 de enero de 2014

La Corte y el pago de Ganancias de jubilados y trabajadores

Análisis de un fallo reciente de la abogada tributarista María Vázquez, del Estudio Castillo.

 
En fecha muy reciente, la Corte Suprema de la Nación ha dictado sentencia en un amparo interpuesto por jubilados que revoca la sentencia de la Cámara de Apelaciones de Corrientes, la cual hacía lugar a la acción interpuesta pues alcanzaba con el Impuesto a las Ganancias a los haberes jubilatorios de los actores.

Si bien, como consecuencia del dictamen de la procuradora Laura Monti, a la que adhiere la resolución del Tribunal Cimero, se terminó rechazando la pretensión de los actores de considerar inconstitucional el art. 79 inc. c) de la Ley 20.628 del Impuesto a las Ganancias, en la medida que se gravan los haberes jubilatorios, en el dictamen se deslizan consideraciones que pueden ser una guía en cuanto a los planteos que puedan realizar no sólo los jubilados, sino también los trabajadores en relación de dependencia.

En efecto, en el caso, el dictamen al que adhiere la Corte Nacional, si bien refiere que la vía de la acción de amparo es una vía de excepción y que los montos cobrados por los jubilados actores son susceptibles de ser encuadrados sin dificultad dentro de los cánones de la ley de Ganancias; continúa luego con referencia a los famosos casos Candy (Fallos 332:1571) y Dugan Trocello (Fallos 328:2567) –vinculados al ajuste por inflación-, que si hay una violación al derecho de propiedad, por resultar confiscatorio el gravamen, esto debe demostrarse en el caso.

Ello indica –conforme el criterio expresado en el caso comentado- que no puede tratarse el tema como una cuestión de puro derecho, y lo que es quizás llamativo es que en el dictamen expresamente pareciera dejarse una puerta abierta en la medida que destaca que las consideraciones que realiza no implica abrir juicio definitivo sobre la legitimidad de la pretensión sustancial de los amparistas, la cual podrá ser discutida y atendida por la vía pertinente.

Para ello se tiene en cuenta que existe en la actualidad una situación de clara inequidad a la que se enfrentan los trabajadores en relación de dependencia que tienen sus ingresos “en blanco”, y que, a los fines del cálculo de lo que deben pagar en concepto de Impuesto a las Ganancias, no pueden corregir los efectos del fenómeno inflacionario.

Por cierto, que el Decreto 1006/2013, no corrigió esta inequidad, en tanto –simplificando lo que se hizo mediante dicha medida- sólo se dispuso la liberación de Ganancias de la primera cuota del aguinaldo para aquellos empleados o jubilados cuya mayor remuneración bruta mensual devengada en el primer semestre del año no exceda la suma de $ 25.000.

En efecto, no se solucionó el desequilibrio provocado por la falta de actualización de la escala del art. 90 de la Ley que regula el Impuesto (Ley nº 20.628). Esta escala, es la que prevé diversos tramos de ganancia neta imponible, a los que aplica diferentes alícuotas que lógicamente se va incrementando a medida que dicha ganancia es mayor, con el objeto de dotar al tributo de cierta progresividad respecto de la tributación de las personas físicas.

Luego de varios años de inflación acumulada, y ante la suspensión de la aplicación de los índices que permitían corregir los efectos del fenómeno inflacionario, estamos ante una situación que se hace cada vez más gravosa para el trabajador, en tanto paga no por lo que es “ganancia”, sino que termina absorbiendo parte de sus ingresos que no debieran estar alcanzados.
Así, tenemos que la falta de adecuación de la escala, implica un incremento en la alícuota efectiva que, en algunos casos, resulta confiscatorio.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció a partir del leading case “Candy S.A. c/AFIP” (sentencia del 3/7/09), en materia de la falta de aplicación del “ajuste por inflación”, requiriéndose desde entonces y hasta la fecha, la clara demostración a través de medios de prueba de la existencia de lesión al derecho de propiedad.

En el citado caso, se estableció una premisa para el análisis [no puede excluirse la posibilidad de confiscatoriedad] “si entre una y otra suma se presenta una desproporción de magnitud tal que permita extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar".

Hoy, el trabajador en relación de dependencia –y también los jubilados-, se ve sometido a retenciones del Impuesto a las Ganancias, que resultan alejadas de su real capacidad contributiva, atento la falta de corrección durante todos los años en que ha permanecido desactualizada, de los efectos del fenómeno inflacionario en la escala.

Es, además, inequitativo puesto que, si bien existen planteos que han resultado exitosos en instancia judicial respecto de sociedades, debe evidenciarse que no es algo sencillo para el trabajador acudir a la instancia judicial para realizar estos planteos, por más que existan fundadas razones para recibir los mismos. Además, deben sortear el escenario de la nueva regulación de las cautelares contra el Estado Nacional establecido por la flamante Ley 26.854 (B.O. 30/4/13) que pretende, al menos en el plano de su redacción, limitar el otorgamiento de las mismas –aún cuando existen numerosos precedentes a lo largo y lo ancho del país que han invalidado parte de dicho entramado normativo en la medida que cercena los derechos de los ciudadanos a obtener una adecuada tutela judicial[1]-.

Debe recordarse que el art. 14 bis de la Constitución Nacional, prevé que la retribución del trabajador debe ser justa, y no puede considerarse que se respete ese parámetro ante la falta de recepción legislativa de los efectos del fenómeno inflacionario en el cálculo del impuesto a las Ganancias sobre la retribución del trabajador.

Los trabajadores vienen pagando año tras año este impuesto, vía retenciones, y no pareciera ser resulta razonable que el Estado Nacional considere los parámetros para medir la renta de manera ficticia sin contemplar el fenómeno inflacionario.

Hemos asistido a medidas como el blanqueo, en donde se benefician o pueden beneficiar a grandes actores económicos, perdonándoles no solo los tributos no pagados sino también las sanciones que les pudieran corresponder; y tenemos, por otra parte, que a quienes honestamente obtienen sus ingresos exclusivamente como producto de su esfuerzo personal, se les impone en forma inequitativa una carga tributaria mes a mes cuya falta de adecuación al contexto económico real aparece excesiva y desproporcionada.

Siendo insuficiente la reciente medida anunciada para corregir esta situación, y de no solucionarse legislativamente, quedará la esperanza de que estos planteos tengan eco en la Justicia, la cual no siempre se encuentra al alcance de los más débiles eslabones de la cadena económica sobre teniendo en cuenta el criterio jurisprudencial que requiere un esfuerzo procesal y probatorio que puede ser más fácil para una empresa, pero más complejo para un planteo de un trabajador que lo realice en forma aislada.

[1] Entre otros: (i).- “Gascón Alfredo Julio María c/Poder Ejecutivo Nacional s/acción de inconstitucionalidad”, de fecha 5/6/1, resolución dictada por el Juez Federal de Mar del Plata, Alberto Osvaldo Recondo; (ii).- “Colegio de Abogados Departamento Judicial de Mar del Plata c/Estado Nacional-Poder Ejecutivo Nacional s/Acción declarativa de inconstitucionalidad”, causa nº 8987, resolución del 31/5/2013, Juzgado Federal nº 4 de Mar del Plata; (iii).- “Szwarc, Ruben Mario y otro c/ Estado Nacional y otros s/ medida precautoria”; sentencia del 12/08/2013; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala “A”; (iv).- “Fargosi Alejandro Eduardo c/EN-PEN- Ley 26.855 s/Proceso de conocimiento.”, sentencia del 5/6/13, Juzgado Contencioso Administrativo Federal nº 6, ver en particular considerando III.-
 
Archivos adjuntos
 01. Dejeanne_Oscar_D_248_L_XLVII.pdf Dejeanne_Oscar_D_248_L_XLVII.pdf
 02. Fallo Jubilado Imp. a las Ganancias.pdf Fallo Jubilado Imp. a las Ganancias.pdf
Fuente: CPCE Córdoba